El escenario La pesadilla judicial desvela al kirchnerismo
Carlos Pagni
LA NACION
El enfrentamiento del Gobierno con la Corte Suprema es un despropósito desde el punto de vista de los principios. Pero tal vez lo sea también desde el de las conveniencias.
El fallo sobre la ley de medios, que benefició al Grupo Clarín, fue el traspié más doloroso de una semana negra en las relaciones entre el oficialismo y la Justicia. El fuero penal se está convirtiendo en una arena cenagosa para los Kirchner y sus amigos, y esa mutación enrarece la atmósfera del grupo. Las deliberaciones con abogados consumen cada vez más horas de funcionarios relevantes. Antiguos colaboradores se ven arrojados a la intemperie. El espíritu de cuerpo se reblandece y afloran esas pequeñas miserias que llegan con la desgracia: delaciones, imputaciones cruzadas, la traición de quienes sienten que han sido traicionados.
Como suele observar un agudo dirigente bonaerense, "una de las grandes diferencias entre Menem y Kirchner es que, mientras Menem tenía jueces amigos para salvar a sus amigos, Kirchner tiene jueces amigos para meter presos a sus enemigos". En el caso del santacruceño, la comparación es verosímil en un doble sentido. No sólo por el empeño que pone en crearles problemas judiciales a quienes ve como adversarios -De Narváez, Macri, Magnetto-. También por el desdén que parece manifestar frente al infortunio de su propio círculo, con excepción de sus secretarios privados, su esposa, y él mismo. Por momentos pareciera que "el proyecto" se reduce al matrimonio.
Héctor Capaccioli, el ex superintendente de Salud y recaudador de campaña de los Kirchner, verificó esa indiferencia. Durante la indagatoria a la que se sometió el martes pasado, el juez Norberto Oyarbide, que exculpó a la Presidenta por un incremento patrimonial del 158% en 2008, le formuló una imputación gravísima: ser parte de una asociación ilícita para realizar fraudes con medicamentos, malversar subsidios y lavar fondos con la cuenta electoral del Frente para la Victoria. A Capaccioli le leyeron infinidad de cargos y de pruebas. En la CGT quedaron estremecidos con estas novedades: "A «Capa» lo llevaron dormido; había ido para otra cosa", comentó un jerarca de la central. "Tal vez falló «Tachito»", agregó, aludiendo a José Ibarra, secretario general de los conductores de taxis e íntimo amigo de Oyarbide. Todo muy rudimentario.
Capaccioli no quiso hablar frente a Oyarbide, salvo para pasar algunos mensajes. Aclaró que el responsable de las irregularidades con subsidios no era él, sino Juan Rinaldi, el titular de la Administración de Programas Especiales, designado por Kirchner a instancias de Hugo Moyano y Aníbal Fernández. Además, dijo que los cheques que recibía durante la campaña los derivaba a los responsables políticos del Frente. Quienes conocen al acusado creen que quiso llamar la atención sobre Alberto Fernández, su superior y amigo. En su momento, un emisario del Gobierno visitó el juzgado de Oyarbide, interesado en involucrar a Fernández en este caso. Consultado por LA NACION, un juez federal reflexionó: "Puede ser? una cosa son los muchachos de Néstor y otra los de Alberto".
Zanola
Capaccioli dijo también no haber autorizado el fideicomiso del Banco Provincia para salvar de la quiebra a la obra social bancaria. En realidad, ese fondo fue ideado por su ex gerente general Néstor Vázquez, señalado por el empresario Gabriel Brito como el cerebro del negocio con las droguerías. Tal como viene el juego político, en cualquier momento puede saltar una esquirla hacia Daniel Scioli. En cuanto a Vázquez, Oyarbide lo tiene en su lista. Es el socio de Enrique Dratman, esposo de Diana Conti, la consejera de la Magistratura que absolvió a Oyarbide por supuestas irregularidades en esta investigación. "Un país en serio." Era el lema de la campaña de Capaccioli.
El escándalo de los medicamentos se agiganta. La semana pasada, el sindicalista Francisco Fontana, principal opositor de Juan Zanola, denunció que en el balance de La Bancaria figuran pagos a farmacias de la sucursal Viedma por más de $ 13 millones. Es una cifra impensable para esa localidad. El interventor judicial del sindicato, Rodolfo Alonso, pidió a la jueza Gloria Pasten que designara un equipo de seis asistentes para investigar éste y otros misterios. La jueza se lo negó. Pasten espera que el Senado apruebe su ascenso a camarista. El padrino de la operación es el diputado moyanista Héctor Recalde, cuya esposa, Graciela Craig, también aguarda una promoción. El estudio Recalde fue contratado por Zanola, a quien Alonso quiere investigar. También el concurso del Juzgado Comercial Nº 11 parece estar condicionado por la peripecia de Zanola, donante de las boletas "Cristina senadora" en la campaña 2005. Un allegado del Gobierno preguntó a una de las aspirantes cómo resolvería la quiebra de la obra social en caso de ganar el cargo. ¿Existe un examen paralelo? Los dirigentes del sindicato apuestan a Fernando Saravia, quien ya fue subrogante en ese juzgado.
También Claudio Uberti se beneficia -explican en tribunales- porque su juez, Daniel Petrone, tiene aspiraciones en un concurso. Uberti fue despedido del Gobierno en medio del escándalo por el ingreso de la valija con US$ 800.000 del venezolano Guido Antonini Wilson. Pero su causa se mueve a paso de tortuga. Tiene suerte. Uberti estuvo en Olivos a pocas horas de haber bajado del avión. Si Pertrone evaluara la secuencia Antonini-Uberti-Kirchner con los criterios de Oyarbide en la secuencia James-Palacios-Macri, tal vez Kirchner estaría procesado.
Jaime, Moyano y Boudou
Mientras la Corte fallaba a favor de Clarín y Capaccioli era indagado, la Cámara Federal Penal confirmó el procesamiento de Ricardo Jaime por recibir dádivas de empresarios a los que debía controlar. El viernes anterior, la Unidad de Investigación Financiera pesquisó una escribanía en la que iba a haber, según indicaciones de Jaime, avales para la adquisición de algunos activos. Pero no había nada. Jaime está atormentado. Consulta a un penalista tras otro, comenzó a cuidar el dinero, viaja en avión de línea escondido detrás de una gorra y lentes negros y en los aeropuertos se hace llamar "Silvestri".
Hugo Moyano está bajo la lupa judicial por conductas similares a las que llevaron preso a Zanola. Su juez, Claudio Bonadio, es el mismo que procesó a Jaime en primera instancia. Moyano sabe lo que le aportaba Jaime a Kirchner. Por eso no se ilusiona con demasiadas protecciones. El lunes pasado, Bonadio realizó un segundo peritaje sobre los troqueles de medicamentos que incautó en la obra social de camioneros. Se confirmó que están adulterados. El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, logró fastidiar a Bonadio con demasiados pedidos de nulidad, mientras su cliente está a las puertas de un procesamiento. ¿Cuánta gente tendrá que juntar el 17 de octubre para que Kirchner se sensibilice ante esta peripecia?
Amado Boudou sufre con el mismo juez, también por problemas de transporte. Todavía no explicó por qué su auto Honda tiene los papeles adulterados. El problema no deja dormir a Boudou, quien recurrió a un juez de la Corte en busca de ayuda. Un funcionario de su intimidad cuenta que, en su momento, "pensó en confesar todo ante «la jefa» y pedir auxilio; pero le dio vergüenza". Iluso: la Presidenta ya sabía la historia. Los Kirchner investigan también a sus propios funcionarios. ¿Para qué andar escondiendo detalles?
El martes pasado, la Cámara Electoral le ordenó a María Servini de Cubría investigar la contabilidad de campaña por la que está acusado Capaccioli. Ella tomará un par de medidas y dejará pasar el verano, para que esté más clara la interna del poder. Demasiadas novedades para una semana.
En Santa Cruz, Kirchner elogió a la Corte diciendo que era independiente. Es que Hebe de Bonafini fue más allá de lo esperado al acusar de corrupción a Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, si se examinan las averías penales del kirchnerismo, tal vez no hagan falta las denuncias de Bonafini para explicar aquel repliegue verbal.
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