CLARÍN AL MENOS CUATRO DE LOS SIETE JUECES ESTAN DISPUESTOS A VOTARLA
Ya hay mayoría en la Corte para despenalizar la tenencia de droga
EN SINTONIA. ZAFFARONI, ARGIBAY, HIGHTON, LORENZETTI, EL MINISTRO ANIBAL FERNANDEZ, PETRACCHI Y MAQUEDA.
Como ocurrió hace veinte años con la legitimación del divorcio, o recientemente con el restablecimiento de la movilidad de las jubilaciones, la Corte Suprema está cerca de anticiparse al Congreso en otro tema de trascendencia:
Como ocurrió hace veinte años con la legitimación del divorcio, o recientemente con el restablecimiento de la movilidad de las jubilaciones, la Corte Suprema está cerca de anticiparse al Congreso en otro tema de trascendencia:
La despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.
El caso que estudia la Corte, que se hizo público la semana pasada, tuvo en estos días una vuelta de tuerca: ya son dos los jueces que tendrían listos sus votos, y al menos otros dos estarían de acuerdo en apoyar el planteo, lo que ya constituye una mayoría.La decisión de la Corte, que todavía no tiene fecha de votación, sería complementaria de la posición del Gobierno sobre la legalización de la tenencia de drogas para consumo personal, que consiste en no sancionar penalmente al consumidor sino en llevarlo al sistema de salud, y optimizar así la persecución judicial de los vendedores de estupefacientes. Este proyecto oficial está siendo elaborado por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, junto a un comité asesor integrado por académicos, funcionarios judiciales y juristas.
La iniciativa se había hecho pública luego del viaje del ministro al encuentro de Naciones Unidas, en Viena, sobre drogas y narcotráfico.La posición de la Corte sobre el tema tuvo sus idas y vueltas a los largo de la historia. En 1978, durante la dictadura, estableció en el caso "Colavini" que era constitucional sancionar la tenencia de drogas para uso personal. En 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Corte volvió a examinar el problema y firmó el fallo "Bazterrica" (ver Antecedentes...), donde opinó lo contrario, y declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades. Pero en 1990, durante el gobierno de Menem, una Corte con otra composición retomó el criterio del caso "Colavini" y volvió a penalizar la tenencia.
Ahora la Corte, con una composición distinta a la de esos años, planea volver a los argumentos del fallo "Bazterrica" y despenalizar la tenencia para consumo personal por tratarse de "actos privados de los hombres, que no ofenden la moral pública o afectan a terceros", y por lo tanto escapan a la acción de los jueces, como establece el artículo 19 de la la Constitución. Según fuentes del Tribunal, hay dos jueces que ya tendrían estudiado el caso: Raúl Zaffaroni, quien redactó el primer borrador, y Juan Carlos Maqueda. Entre los otros miembros de la Corte se encuentran Enrique Petracchi, quien en 1986 firmó el caso Bazterrica y apoyó con argumentos propios la despenalización; Carmen Argibay, una jurista con una postura de avanzada en los temas penales; y Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, dos jueces que han apoyado las iniciativas tendientes a desarmar los viejos fallos de la "mayoría automática" que acompañó al menemismo. El séptimo juez, Carlos Fayt, ya tomó postura sobre el tema en 1986, al votar en disidencia con Petracchi, Augusto Belluscio y Jorge Bacqué. Y en 1990, cuando se sumó a la mayoría y avaló la penalización. Se espera que ahora repita estos argumentos.
El caso que eligió la Corte fue iniciado por dos personas, de apellido Villacampa y Mindurry, quienes apelaron una sentencia de la justicia de Rosario, confirmada por la Cámara de Casación, que los condenó a uno y dos meses de prisión en suspenso por "tenencia de estupefacien tes para consumo personal". La causa se había iniciado cuando la policía los encontró con un cigarrillo de marihuana a cada uno. La apelación a la Corte reclamó la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23.737. En febrero de 2007, la Cámara federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad de ese artículo. Lo hizo en un caso donde sobreseyó a una persona que había sido detenida en la calle por llevar un gramo de marihuana.
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EDITORIAL I - HACIA DÓNDE IR
No debería sorprender demasiado que la Argentina, uno de los pocos países en el mundo sin estadísticas oficiales creíbles, sea también un país carente de una estrategia de Estado. Pero es así. El desparpajo con el cual algunos altos funcionarios gubernamentales demonizan las críticas a la manipulación del índice del costo de vida podría ser una manifestación de cándido humor. No lo es, sin embargo, por las consecuencias que esa alteración está trayendo al país. No serán tampoco menores, de seguir por este rumbo, las derivaciones de gravedad que puedan volcarse en el futuro sobre las responsabilidades emergentes por aquellas maniobras.
El fenómeno inaudito que ha descaracterizado al Indec, una de las instituciones estatales que habían estado a salvo de la degradación paulatina del Estado argentino en otros órdenes por años y años, constituye un síntoma de la actual coyuntura. ¿Cómo podríamos pretender que se supiera a ciencia cierta adónde va el país, cuál es su Norte, si se ignora algo más simple y elemental, que es cómo se encuentra hoy en función de las estadísticas oficiales que dieron invariablemente en el pasado certidumbre sobre lo que en verdad se intuía? En rigor, quien quiera preocuparse por saber cómo se halla el país dispone de medios prácticos para saberlo.
Basta con que observe la magnitud de la cuenta que debe pagarse en el supermercado, en la vestimenta, en el esparcimiento, en la educación, para comprender que la Argentina se halla envuelta en un proceso de inflación. El Gobierno no engaña a nadie que no quiera ser engañado ni se engaña a sí mismo con la persistencia en difundir cifras menores a la mitad de lo que todo indica es la inflación real. Lo malo para él y malo para todos es que cada vez se enreda más en la telaraña de artificios que ha ido tejiendo con el propósito de ocultar lo inocultable.
Así le ha ido desde hace años con el déficit energético que se agiganta sin cesar por precios, tarifas y regulaciones que se imponen con demagogia. Por momentos campea en su conducta un ánimo de capricho, como el de chicos dispuestos a utilizar cualquier ardid a fin de imponer, con su fecunda imaginación, una voluntad fantasiosa. Esos caprichos llegan a adquirir la entidad de provocaciones. ¿A título de qué, por ejemplo, se somete a un respetado político de las propias filas -y al país entero, por cierto- al desaire de que el Vaticano no le dispense el plácet de embajador? ¿Con qué objeto fabricar (ése es el verbo que cuadra) una situación de tal naturaleza si hasta el más distraído funcionario de la Cancillería debía saber que la Santa Sede no acredita embajadores católicos en situación incompatible con el ordenamiento canónico? ¿Para qué agravar relaciones de por sí delicadas? Como el gobierno iniciado el 10 de diciembre último es, por muchos motivos, la encarnación más fidedigna posible del anterior, deberá decirse que este tipo de tropiezos comenzaron en mayo de 2003.
¿Qué futuro podía esperarse de la confianza que los inversores extranjeros depositarían en adelante en el país si se tuvo la osadía de mofarse de los acreedores preguntándoles, ante el país constituido en imaginaria audiencia, cómo se habían arriesgado a prestarle dinero a la Argentina en la década del noventa? ¿Qué criterio puede tenerse de los asuntos de Estado y de su continuación jurídica cuando alguien se atreve a hacer declaraciones de tamaña temeridad? Así estamos, sin poder soltar la mano del nefasto régimen venezolano que, con los precios actuales del petróleo, se da abasto para asistir simultáneamente a la tiranía cubana, a la guerrilla cada vez más devastada en Colombia pero cada vez también más cruel en la violación de derechos humanos, y para ser el prestamista de primera y última instancia con el que cuenta una Argentina aislada de los ámbitos financieros del mundo. ¿Adónde vamos? ...
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