La ley del miedo: en México se expande el temor a ser secuestrado por la policía
Cada vez hay más casos de participación policial en los 26.000 desaparecidos que hay en el país; el caso de la familia Sánchez
TELOLOAPAN, México.- Con una cánula de oxígeno en la nariz y una sonda de suero en el brazo, Carlos Sánchez yacía en el asiento trasero del Honda sedán con la cabeza apoyada en el regazo de su esposa. El vendedor de tacos de 36 años tenía tres balas alojadas en el cuerpo y gritaba de dolor cada vez que caían en un bache en la ruta esa noche que iban rumbo a Iguala.
De pronto, el interior del auto se iluminó con un destello de luz. Armando de la Cruz Salinas quedó cegado con el reflector que la policía del estado de Guerrero apuntaba hacia ellos desde una camioneta al lado del camino. Redujo la velocidad en medio de la densa noche, pero golpeó otro vehículo policial que estaba en medio de la ruta con las luces apagadas.
Un hombre fornido con uniforme de la policía estatal y botas negras con casquillo abrió la puerta del pasajero y sacó a tirones a la hermana de Carlos. La lanzó contra el capot, la esposó y la requisó. Luego el policía la empujó hacia el patrullero y la puso en el piso del asiento trasero, junto con su primo Armando y su cuñada. Pensaron que habían sido arrestados, hasta que el patrullero dejó de avanzar por la ruta y se metió por un camino de tierra rumbo a las montañas. Entonces supieron que habían sido secuestrados por la policía.
Los cuatro miembros de la familia Sánchez son oriundos de la Tierra Caliente, en el estado sureño de Guerrero, una región de campos de marihuana y cultivos de amapola, donde los carteles del narcotráfico decapitan a sus enemigos y donde ni siquiera los sacerdotes se salvan de una muerte violenta. En la primavera de 2013 se sabía que la policía hacía algunos trabajos para el crimen organizado, pero no era ampliamente conocido que las policías locales y estatales también desaparecieran gente. Por la mañana, cuando Tania Martínez Figueroa seguía sin saber de su esposo, fue a pedir ayuda a las autoridades. Fue a las instalaciones de la procuraduría estatal en Teloloapan a presentar un reporte por desaparición. Menos de una hora después le advertían por teléfono que no siguiera con la denuncia o su familia sería asesinada. Tania retiró el reporte. Al siguiente día recibió otra llamada: le pedían un rescate de 100.000 pesos (unos 8000 dólares). La familia pagó el dinero, pero los secuestradores no se volvieron a comunicar y ella se quedó en silencio. Había aprendido a mantener la boca cerrada.
No diría nada durante casi un año y medio, hasta que la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías de Iguala el 26 de septiembre de 2014 comenzó a develar la magnitud de la participación de las policías en engrosar la lista de 26.000 desaparecidos registrados oficialmente en el país desde 2007. Una investigación sobre la desaparición de los estudiantes señaló que un mando de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, era responsable de pagarles a los agentes que trabajaban también para el cartel de Guerreros Unidos y distribuía unos 600.000 pesos al mes (unos 45.000 dólares) entre la policía. El entonces subdirector también supervisaba los retenes policiales instalados en las rutas de acceso a la ciudad, en los que se hacía cargo de que pasaran los cargamentos de droga, de que no entraran miembros de carteles rivales y de que los secuestradores transitaran con sus víctimas sin problemas. Carlos Sánchez y su esposa habían regresado del mercado la tarde del 2 de abril de 2013 cuando un coche blanco se detuvo fuera de su casa en Teloloapan, una ciudad de unos 55.000 habitantes en una planicie de la zona montañosa de Guerrero. Ella llevó los pañales y la leche a la casa y cuando regresó por más cosas vio a un hombre que apuntaba una pistola a su marido. "A mí me están confundiendo, investíguenme", les dijo Carlos a los hombres.
No es extraño que en esta zona del país algunos sean llevados a punta de pistola, para luego pedir rescate a su familia, reclutarlos a la fuerza en las filas de un cartel o castigarlos por no pagar una extorsión. Los hombres armados intentaron meterlo a su auto, pero Carlos se resistió y entonces él, padre de tres chicos, recibió un disparo en el pecho, otro en el brazo y otro en la pierna. En el pequeño hospital de Teloloapan Carlos fue vendado, le pusieron oxígeno y suero, pero le dijeron que no había ningún cirujano disponible para atenderlo de sus heridas de bala. Le dijeron que debía ir a Iguala. Para llegar hasta ahí, la familia sabía que tendrían que atravesar una sinuosa carretera de dos carriles que conecta Arcelia y Ciudad Altamirano con otras comunidades afectadas por el narcotráfico. Tendrían que pasar, además, a través de tres retenes militares y uno de la policía. El grupo de cuatro partió a las nueve y media de la noche: Armando, Carlos, su esposa y su hermana. Pasaron el primer retén en Teloloapan y el segundo en Ahuehuepan, pero no llegaron a un tercero.
En las afueras de Iguala, la esposa de Carlos, su hermana y su primo fueron transferidos del patrullero al asiento trasero de una camioneta beige. Escucharon a Carlos quejarse en la parte de atrás. Llegaron a un complejo amurallado con una gran puerta. Entraron a la casa, oscura, guiados por las luces de los celulares de sus captores y pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Entre 15 y 20 personas estaban sentadas en el piso, vendados de los ojos y amarrados por las muñecas y los tobillos. Estaban rodeados por más de diez hombres armados con fusiles. La mayoría usaban el mismo uniforme policial oscuro. Un secuestrador se acercó a Carlos con una libreta. Le preguntó su nombre, de dónde era, cuántos hijos tenía y qué hacía. Carlos contestó todas las preguntas, pero de todos modos lo golpearon y patearon. Luego su interrogador le dio una lista con nombres y le preguntó si conocía a esas personas. Les dijo que no.
Unos seis hombres se abalanzaron sobre Carlos y lo patearon con furia. Cuando se detuvieron, Carlos volteó hacia su esposa, respiró profundamente y dijo el nombre de su hijo más pequeño, Santiago. Después cerró sus ojos. Uno de los policías miró su reloj y dijo que eran las doce menos cuarto. Otro se inclinó a tomar el pulso. Luego tomó la cabeza de Carlos con las dos manos y la torció violentamente hasta que su cuello se quebró. Los hombres armados metieron al vendedor de tacos en una bolsa de dormir verde y lo sacaron. Era el turno de Armando. Lo interrogaron y también lo golpearon. En los siguientes días, la esposa de Carlos y su hermana fueron cuidadas por distintos grupos de policías y civiles que pasaban la mayor parte del tiempo fumando marihuana y mirando videos en sus celulares. Permanecían sentadas mientras otros eran golpeados con tablas o con trozos de manguera rellenas de cemento. Diez días después las dejaron salir, conmocionadas. Armando, sin embargo, no estaba con ellas. En enero, la familia Sánchez fue informada de que habían exhumado una bolsa de dormir verde con un esqueleto adentro. Al lado, hallaron una sonda de suero y una cánula de oxígeno.
Agencia AP
